La pérdida de escaño no es solo demografía: es menos voz para defender agua, servicios y conectividad. Igual que se hace evaluación de impacto ambiental, habría que hacer evaluación de impacto rural de cada ley. Y blindar una representación territorial mínima por isla o comarca, no solo por población.
En el sur de Badajoz lo vemos cada día: las leyes se piensan desde las ciudades y el territorio va perdiendo voz. En la Fundación Repoblación hablamos a menudo de que no basta con fijar población, hace falta que las decisiones cuenten con quienes viven allí. Lo de la evaluación de impacto rural me parece tan necesario como el ambiental. ¿Conoces alguna propuesta concreta de representación mínima por comarca? Sería útil para llevar a los ayuntamientos.